INFLUENCIA DE LA CRISIS EN LAS FAMILIAS

Estamos en crisis, no descubro nada nuevo, aunque realmente para los que trabajamos en la abogacía, en mayor o menor medida nos está beneficiando.

El número de asuntos se ha disparado en los últimos meses, necesitamos recuperar el dinero que hemos prestado, cobrar a nuestros clientes, asegurarnos que nuestros proveedores no nos fallan y sobre todo asegurar y blindar los contratos que celebramos.

Pero más allá de la influencia sobre el tráfico mercantil, las familias se han visto afectadas por la situación económica que estamos viviendo, tanto por la falta de recursos para afrontar el endeudamiento autoprovocado durante los años de bonanza, como por la incertidumbre laboral que cada día nos acecha. Estas cuestiones se ven más agravadas en el momento, en el que el trabajador, ahogado por los pagos debe afrontar o ha afrontado un divorcio.

Ciertamente, los asuntos relacionados con modificación de medidas, ejecución de sentencias de separación y divorcio, reclamación de pensiones de alimentos o compensatorias, se ha visto incrementado considerablemente. Ya sea por parte del pagador, para intentar reducir las cargas que debe soportar, como por los beneficiarios, para reclamar lo que por resolución judicial les corresponde.

Y ninguna de las cuestiones es sencillas, sea una u otra postura la que defendamos, ya, por los requisitos exigidos tradicionalmente por la jurisprudencia para que se haga efectiva la modificación de medidas –modificación sustancial de las circunstancias que dieron lugar a las medidas originales, que no sea temporal o meramente coyuntural y por supuesto no provocada por quién pretende la modificación- o por la dificultad para hacer efectivo el cobro de unas pensiones que deben ser afrontadas, por alguien, que seguramente no pueda pagarlas.

Y ante esto, ¿qué hacer? Tener paciencia y buscar un asesoramiento eficaz, que le expongan la mejor manera de afrontar la situación y busque la solución precisa para su caso concreto, sin que ello le suponga a quién solicita los servicios de un abogado, una carga económica tal, que merme aún más, su situación económica.

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