El Gobierno aprueba este viernes en la reunión del
Consejo de Ministros modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
(LeCrim), como la sustitución del término "imputado" por "investigado".
Además, también se fijarán plazos para la instrucción de las causas.
Esto supone la limitación del tiempo del que disponen los jueces para
investigar, a pesar de la recomendación contraria del Consejo de Estado.
La reforma de la LeCrimen será aprobada como proyecto de ley orgánica
al afectar a derechos fundamentales y el otro como proyecto de ley
ordinario. La norma se ha visto recortada durante los últimos meses,
desde la aprobación del anteproyecto en diciembre y tras las dudas
ofrecidas por los órganos consultivos respecto a diferentes cuestiones
incluidas inicialmente en el Anteproyecto.
La mayor polémica fue la de las escuchas sin
autorización judicial. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
advirtió en su informe que la intervención de conversaciones sin el aval
de un juez podía no tener "encaje constitucional" por lo que el
artículo en el que se recogía fue retirado.
Por su
parte, el Consejo de Estado mostró su preocupación por la fijación de
plazos para la instrucción y consideró que la correcta indagación de los
delitos debe prevalecer sobre la rapidez. El anteproyecto preveía un
plazo ordinario de seis meses de instrucción ampliable a 18 en causas
complejas y que podía prorrogarse hasta los 36 meses.
De "imputado" a "investigado" y "encausado"
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha indicado en varias ocasiones
que respetará la opinión de estos órganos de consulta, pese a lo cual
los límites a la investigación judicial se mantendrán previsiblemente en
el Proyecto que irá hoy al Consejo de Ministros, según fuentes
consultadas por Europa Press.
Catalá también ha
adelantado que el texto incluirá las mejoras propuestas en lo que se
refiere a la denominación de "imputado" para aquella persona inmersa en
una investigación judicial.
El Consejo de Estado
señaló que el término es confuso y aconsejó cambiarlo por "investigado"
para las primeras fases del proceso. A medida que aumenten los indicios o
se consoliden las pruebas contra el acusado, éste pasaría a llamarse
"encausado".
La LeCrim también incluirá normas para
de "conexidad" de delitos por las que se generará una instrucción
"singular y diferenciada" con la intención de que las sentencias sean
dictadas en tiempos más cortos y se eviten los 'macroprocesos'.
Habilitará también una segunda instancia penal, un déficit que ha sido una crítica permanente por parte de organismos internacionales como comités de la ONU o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia revisarán las sentencias dictadas en primera instancia por Audiencias Provinciales y también se reforzará la Sala de apelaciones de la Audiencia Nacional.
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